MORATORIA DE DEUDAS (RDL 8/2020 Y RDL 11/2020)

El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, establece entre la posibilidad de solicitar una moratoria de la deuda hipotecaria para la adquisición de la vivienda habitual para quienes estén padeciendo extraordinarias dificultades para atender su pago como consecuencia de la crisis del COVID-19. Esta medida se ha visto ampliada a través del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, que extiende la moratoria también a los siguientes supuestos:

  1. Préstamos hipotecarios contratados para la adquisición de:
    1. Vivienda habitual.
    2. Inmuebles afectos a la actividad económica que desarrollen los empresarios y profesionales.
    3. Viviendas distintas a la habitual en situación de alquiler y para las que el deudor hipotecario persona física, propietario y arrendador de dichas viviendas, haya dejado de percibir la renta arrendaticia desde la entrada en vigor del Estado de alarma, o deje de percibirla hasta un mes después de la finalización del mismo.
  2. Créditos de financiación no hipotecaria.

A continuación, podrás obtener información sobre el procedimiento y los requisitos exigidos para formular tu solicitud.

Podrán solicitar la moratoria de la deuda hipotecaria y del crédito de financiación no hipotecaria quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad económica por cumplir el conjunto de las siguientes condiciones:

  1. Que el potencial beneficiario pase a estar en situación de desempleo o, en caso de ser empresario o profesional1, sufra una pérdida sustancial de sus ingresos o una caída sustancial en su facturación de al menos un 40%.
  2. Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere, en el mes anterior a la solicitud de la moratoria:
    1. Con carácter general, el límite de 3 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual2 (en adelante IPREM).
    2. Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada hijo a cargo en la unidad familiar. El incremento aplicable por hijo a cargo será de 0,15 veces el IPREM por cada hijo en el caso de unidad familiar monoparental
    3. Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada persona mayor de 65 años miembro de la unidad familiar.
    4. En caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar tenga declarada discapacidad igual o superior al 33%, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral, el límite previsto en el subapartado i) será de 4 veces el IPREM, sin perjuicio de los incrementos acumulados por hijo a cargo.
    5. En el caso de que el deudor hipotecario sea persona con parálisis cerebral, con enfermedad mental, o con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33%, o persona con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocida igual o superior al 65%, así como en los casos de enfermedad grave que incapacite acreditadamente, a la persona o a su cuidador, para realizar una actividad laboral, el límite previsto en el subapartado i) será de 5 veces el IPREM.
  3. Que el total de las cuotas hipotecarias, más los gastos y suministros básicos3, resulte superior o igual al 35% de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar. Si la persona física fuera beneficiaria a su vez de la moratoria para la deuda hipotecaria sobre vivienda habitual establecida en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, no se tendrá en cuenta su aplicación a efectos de estos cálculos, para la suspensión de las obligaciones derivadas de los créditos o préstamos sin garantía hipotecaria. Si el potencial beneficiario no tuviera contratado un préstamo hipotecario y sin embargo, tuviera que hacer frente al pago periódico, o bien de una renta por alquiler de su vivienda habitual, o bien de cualquier tipo de financiación sin garantía hipotecaria frente a una entidad financiera, o a ambas simultáneamente, se sustituirá el importe de la cuota hipotecaria por la suma total de dichos importes, incluyendo la renta por alquiler aunque sea objeto de la moratoria prevista en el artículo 3 del real decreto-ley 11/2020, a efectos de los cálculos referidos en el artículo 16.1 letras c) y d). Asimismo, a efectos del cálculo de la carga hipotecaria conforme al artículo 16, se utilizará la suma total de dichos importes. Si el potencial beneficiario tuviera que hacer frente a un único préstamo sin garantía hipotecaria y no tuviera que hacer frente al pago periódico de una renta por alquiler de su vivienda habitual, se tendrá en cuenta sólo dicho préstamo sin garantía hipotecaria a los efectos anteriores.
  4. Que, a consecuencia de la emergencia sanitaria, la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda.

En el marco de este mecanismo seguidamente te aclaramos algunos conceptos que pueden resultar de tu interés:

  • Se entiende por potencial beneficiario a quienes estén haciendo frente a una deuda hipotecaria.
  • Se considerará que se ha producido una alteración significativa de las circunstancias económicas cuando el esfuerzo que represente el total de la carga hipotecaria, entendida como la suma de las cuotas hipotecarias de los bienes inmuebles a los que se refiere el artículo 19 sobre la renta familiar se haya multiplicado por al menos 1,3.
  • Se considerará que se ha producido una caída sustancial de las ventas cuando esta caída sea al menos del 40 %.
  • Se entiende por unidad familiar la compuesta por el deudor, su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos, con independencia de su edad, que residan en la vivienda, incluyendo los vinculados por una relación de tutela, guarda o acogimiento familiar y su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita, que residan en la vivienda.

1 Tendrán la consideración de empresarios y profesionales las personas físicas que cumplan las condiciones previstas en el artículo 5 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.

2 El Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual para el ejercicio 2020 es 537,84 €.

3 Electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, de los servicios de telecomunicación fija y móvil y las contribuciones a la comunidad de propietarios.

Para justificar el cumplimiento de los requisitos exigidos será necesario aportar la siguiente documentación:

  • En caso de situación de desempleo, certificado en el que figure la cuantía mensual percibida en concepto de prestaciones o subsidios por desempleo. Podrás obtenerlo en la Sede electrónica del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
  • En caso de ser autónomo, certificado de cese de actividad expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente de la Comunidad Autónoma.
  • Para acreditar el número de personas que habitan la vivienda:
    • Libro de familia o documento acreditativo de pareja de hecho.
    • Certificado de empadronamiento relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los 6 meses anteriores. Podrás obtener este documento en tu Ayuntamiento.
    • En su caso, declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad permanente para realizar una actividad laboral.
  • Para acreditar la titularidad de los bienes:
    • Nota simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad de todos los miembros de la unidad familiar. Podrás obtener este documento en la página web de Registradores de España
    • Escrituras de compraventa de la vivienda y de concesión del préstamo con garantía hipotecaria.
  • En el caso de que se solicite la moratoria de la deuda hipotecaria por el préstamo hipotecario por una vivienda en alquiler, deberá aportarse el correspondiente contrato de arrendamiento.
  • En su caso, el importe de los pagos periódicos para la devolución de la financiación sin garantía hipotecaria se acreditará mediante la aportación del correspondiente contrato suscrito con la Entidad.
  • Declaración responsable del deudor o deudores relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos para considerarse sin recursos económicos suficientes para formular la presente solicitud.

Si el solicitante no pudiese aportar alguno de los documentos anteriores, podrá sustituirlos mediante una declaración responsable que incluya la justificación expresa de los motivos, relacionados con las consecuencias de la crisis del COVID-19, que le impiden tal aportación. Tras la finalización del estado de alarma y sus prórrogas dispondrá del plazo de un mes para la aportación de los documentos que no hubiese facilitado.

Cumpliendo los requisitos anteriores y presentando la correspondiente documentación, la Entidad procederá a su implementación en un plazo máximo de 15 días. En el caso de solicitud de moratoria de créditos sin garantía hipotecaria, tras realizar la presentación de la solicitud y acreditada la situación de vulnerabilidad económica, Eurocaja Rural procederá sin dilación a la suspensión automática de las obligaciones derivadas del crédito sin garantía hipotecaria.

Conforme a lo previsto en el artículo 24.4 del Real decreto-ley 11/2020, La suspensión tendrá una duración de tres meses ampliables mediante Acuerdo de Consejo de Ministros.

La solicitud, junto con la documentación acreditativa de las condiciones exigidas y la declaración responsable deberá dirigirse a tu oficina o agencia hasta 15 días después de la vigencia del Real decreto-ley 8/2020 para el caso de moratoria de deuda hipotecaria, y hasta 1 mes después de la vigencia del estado de alarma en el caso de obligaciones derivadas de los contratos de crédito sin garantía hipotecaria

El Real Decreto tiene una vigencia de un mes, sin perjuicio de posible prórroga de su duración por el Gobierno mediante Real decreto-ley.

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